“Hay como 8 leyes que salieron de Cámara de Senadores y que impactan directamente en el sector comercial”, dijo en radio UNO el empresario.

Una de esas leyes que salieron del Senado, criticadas por Macchi, es la expropiación de unas 11.000 hectáreas de tierra del Grupo Favero, en Ñacunday, departamento de Alto Paraná.

“Se han pasado todos los procedimientos legales. Es privilegiar a un grupo de familias que probablemente tienen derecho a tener su pedazo de tierra, pero en este caso, serán unas familias las que van a ser beneficiadas por tierras por un millón de dólares más o menos, es injusto en relación a las demás personas necesitadas”, expresó el empresario. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara Alta, y ahora pasará a la Cámara de Diputados.

“Nos queda apelar a que la Cámara de Diputados revierta la situación y pedir a que los senadores, que son personas razonables, entiendan las razones legales y económicas del porqué no conviene la expropiación con este mecanismo que han aplicado y cambien su posición”, expresó.

Este proyecto de ley, más la modificación a la Ley de Alianza Público Privada (aprobada en el Senado la semana pasada), afectan la tendencia del buen crecimiento económico que se viene dando. Sumado a esto, acotó Macchi, la Cámara Alta decidió que sea el Congreso el que establezca en el Presupuesto General de la Nación cada año el sistema de valoración fiscal de los inmuebles urbanos y rurales, determinado por el Servicio Nacional de Catastro (SNC).

Un operativo de la Dirección de Operaciones Urbanas de la SENAD, en el marco del Plan SUMAR, fue ejecutado para detener a un joven de 26 años, quien manejaba un punto de distribución de drogas, unido una serie de acontecimientos delictivos, frente a un centro educativo en el barrio María Auxiliadora.

La comitiva ingresó a la vivienda en compañía del fiscal Marco Amarilla y detuvo a Ronaldo Silva Sandoval de 26 años. Tras un registro del todo el lugar fueron confiscados 24 dosis de crack junto con porciones de cocaína y marihuana. Del lugar también colectaron un arma de fuego.

El hombre cuenta antecedentes por reducción y hurto, con prohibición de salida del país y portación de armas.

Los datos colectados apuntan al joven como responsable de venta de drogas incluso a alumnos de centros educativos. Se expone a pena carcelaria de entre 5 y 15 años.

El implicado ya fue derivado a la Base de Operaciones de la SENAD por disposición del Ministerio Público.

En el transcurso de la tarde del martes se registró un voraz incendio en una vivienda ubicada en el barrio La Amistad de la ciudad de Capitán Miranda.

La propiedad pertenece a Lorena Mabel Osorio de Araujo, quien se encontraba en el lugar en compañía de su familia al momento de iniciar las llamas.

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La edificación -de unos 6x8 metros y con techo de chapa- acabó siendo reducida a cenizas a causa del siniestro, que pudo ser controlado tras la intervención de bomberos voluntarios.

Afortunadamente, Osorio y los demás miembros de su familia resultaron ilesos luego del incendio, por lo que solo se reportan daños materiales.

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Hasta el momento, las autoridades no han logrado determinar las causas del incidente, menciona el portal Más Encarnación.

La idea es extender réplicas de la exitosa sociedad policial-militar que logró reducir a la mínima expresión al EPP y la extinción de la ACA, así como a asestar fuertes golpes a organizaciones criminales en Canindeyú.

El plan, barajado en los Ministerios de Defensa y del Interior, contempla el establecimiento de puestos fijos de comandos, con puntos de conexiones para reacciones rápidas ante eventos que perpetran grupos de delincuentes.

El proyecto en cuestión surge a partir de la necesidad que tiene la Policía Nacional, de reforzar áreas de cobertura, ante la emergencia de pandillas bien organizadas, que cuentan con fuerte capacidad de fuego.

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Producción y tránsito de drogas, atracos a camiones de caudales, cajeros y bancos, ataques piratas en rutas, entre otros rubros delincuenciales, se han acrecentado de manera significativa desde hace unos años.

El plan de seguridad que maneja el gobierno central implica también inversión en tecnología para detección y ataques a agrupaciones ilícitas, que cada vez evidencian mayor capacidad de operaciones, utilizando herramientas de la tecnología.